Greenpeace y el honor de María Dolores de Cospedal
Una audiencia previa de la demanda
presentada por Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra
Greenpeace por la vulneración del derecho al honor de María Dolores de
Cospedal contra Greenpeace ha finalizado este 14 de octubre de 2013 con
la reclamación de 30.000 euros a la organización ecologista. El juicio
se celebrará el próximo día 6 de marzo.
La demanda fue ordenada por María Dolores de Cospedal a raíz de la publicación del informe Amnistía a la Destrucción.
Una investigación sobre los intereses privados que podrían estar detrás
de la reforma de la Ley de Costas aprobada la pasada primavera.
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha consideró que se
lesionaba el honor de su presidenta por la publicación en los medios de
comunicación de informaciones referidas al informe de Greenpeace, del
que se deducían conexiones entre el marido de Cospedal, Ignacio López
del Hierro, y los intereses inmobiliarios de diversas empresas
constructoras. La organización ecologista, que presentó el informe en
diciembre de 2012, en ningún momento señala a Cospedal como beneficiaria
de la reforma de la Ley de Costas, sino que se la mencionaba
simplemente por estar casada con López de Hierro, quien fue consejero en
una empresa inmobiliaria, Bami NewCo, junto con el actual ministro de
Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.
Greenpeace sostiene que “sorprende” que, para esta demanda
sobre los derechos particulares de Dolores de Cospedal, se utilicen los
servicios jurídicos de la Administración autonómica para la defensa de
intereses privados, sobre todo cuando el informe de Greenpeace no se
refiere a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ya que, como es
evidente, dicha junta no tiene competencias en el ámbito de la Ley de
Costas.
Greenpeace considera que la demanda sobre la vulneración al derecho
al honor choca frontalmente con la jurisprudencia al respecto ya que los
tribunales españoles han señalado en diversas ocasiones que el derecho
de información supone “el reconocimiento y la garantía de una
institución política fundamental, que es la opinión pública,
indisolublemente ligada con el pluralismo político”.
“Con el informe Amnistía a la Destrucción, Greenpeace estaba
defendiendo el derecho al medio ambiente, consagrado por la
Constitución, y ejercitando el derecho fundamental a la libertad de
expresión”, ha declarado Mario Rodríguez, director de Greenpeace España.
En este informe, Greenpeace se limitaba a denunciar la arbitrariedad e
inseguridad jurídica que introduce la nueva Ley de Costas ya que
favorece a sectores muy concretos con intereses privados en el litoral.
Una Ley que supone uno de los mayores retrocesos en la protección
ambiental de los últimos años.
La información proporcionada por Greenpeace se inscribe en el
ejercicio del derecho a la información, base del sistema democrático,
sin que pueda desprenderse de su contenido ninguna intromisión ilegítima
en el derecho al honor, no solo de la demandante Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, sino tampoco de quien no comparece personalmente
en este proceso (su presidenta doña María Dolores de Cospedal),
tratándose de una información veraz y que no incluye expresión alguna
que pudiera considerarse injuriosa o vejatoria.
“Greenpeace es una organización ecologista que, ante un proyecto de
modificación de una Ley que supone un retroceso histórico en la
protección medioambiental de la costa, expresó su opinión libremente”,
ha añadido Rodríguez. “Malo sería para el Estado de Derecho que se
penalizara a Greenpeace, una organización mundialmente reconocida en su
defensa del derecho al medio ambiente, que está recogido en el Artículo
45 de la Constitución española, y que no pudiera expresar su opinión
amparada en una inexistente vulneración del derecho al honor. Esto
sentaría un grave precedente al limitar la libertad de expresión y de
información”, concluye.
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